20 jun. 2017

JUICIO POR JURADOS: ¿PARA CUÁNDO?





En una nota publicada en Mendoza se decía que el juicio por jurados no era una prioridad para el gobierno provincial, que la justicia requería, antes que el jurado, “la modernización de otros tantos aspectos del sistema judicial” (Marcelo D’Agostino, subsecretario de justicia. 

La intervención del jurado, al menos en los juicios penales, es una garantía constitucional incumplida —además de un derecho-deber ciudadano—. No está sujeta a las prioridades coyunturales del gobierno de turno.

Más allá de ello, algunos de los argumentos que se dan contra el jurado resultan insostenibles. Veamos, por ejemplo, el argumento de que los jurados son caros:

Uno, es que la implementación de estos juicios es muy costosa. Quienes son convocados para esta carga pública deben ser aislados, no pueden ir a trabajar y hay que garantizarles seguridad adicional. Una logística que se supone complicada —y bastante cara— desde el vamos.

Los jueces también son caros —más bien carísimos—, y no por eso dejamos el juzgamiento de los delitos en manos de la policía. Por otra parte, quienes invocan el argumento del costo del jurado deja de lado la modificación en el procedimiento penal que la participación del jurado exigiría. Así, no se tiene en cuenta, por ejemplo, que se simplificaría sustancialmente la etapa denominada “instrucción”, que prácticamente desaparecería, y la intervención de un solo juez durante el juicio.

Además, la intervención del jurado implicaría una serie de transformaciones del procedimiento que solo pueden considerarse positivas. Una de ellas, la estricta separación de las funciones decisorias, a cargo de los jueces, y las funciones investigativas y persecutorias, a cargo de los fiscales. Otra consecuencia de la participación del jurado es la necesaria transformación del lenguaje de abogados y jueces, que deberán utilizar el castellano que hablamos todos los días, potenciando de este modo la publicidad del juicio penal. Por otra parte, el jurado obligará a los acusadores públicos o privados a presentar íntegramente su caso de manera ordenada y comprensible durante el juicio, con la consiguiente carga de probar toda su acusación sin ayuda del tribunal.

Otra de las resistencias a la participación ciudadana en los juicios penales que nuestra Constitución Nacional exige es la siguiente:

Otro reparo, políticamente incorrecto pero tal vez el más sustancial, es que en el mundo de la Justicia no confían demasiado en el criterio que pueda tener un ciudadano de a pie. Saben, porque conocen el paño como nadie, que lo emocional muchas veces termina inclinando la balanza. Ejemplos de esto sobran en países donde se aplica desde hace años. El caso del exjugador y actor O. J. Simpson fue un emblema de ese singular manejo psicológico del tribunal.


A mi juicio, la desconfianza de la justicia es una buena señal, pero sin necesidad de compartir mi prejuicio, debemos tener en cuenta que los jueces profesionales dictan resoluciones arbitrarias e irracionales cotidianamente. El estado de la justicia penal en la actualidad es consecuencia directa de la intervención de los jueces profesionales y no habla muy bien de su trabajo, a pesar de que ellos siempre saben a quién echarle la culpa de sus propios actos.

A quienes invocan como ejemplo el caso estadounidense de O. J. Simpson le podemos dar muchísimos contraejemplos de los jueces profesionales. En la página de la #FiestaPorLaJusticia  se pueden leer muchas barbaridades dictadas por nuestros jueces profesionales.

Veamos, entre tantos otros, el caso del hurto tentado de tres kilos de palomita, que implicó la participación de once jueces, cuatro fiscales y cinco defensores en un proceso que duró más de cuatro años y que terminó en una condena de quince días de prisión en suspenso. Finalmente, se impuso la cordura y el imputado fue absuelto en casación .




Se pueden invocar muchos más ejemplos de decisiones descabelladas de jueces profesionales (en el ámbito de las agresiones sexuales sobran ejemplos de decisiones que garantizan la impunidad de los acusados), pero, simplemente, no se trata de eso. Se trata de una exigencia constitucional, no de prioridades.




17 jun. 2017

LA ASOCIACIÓN DE JUECES FEDERALES: SIN VERGÜENZA







Si hay algo que nuestros jueces saben hacer ante cualquier situación, es atribuir las culpas de las consecuencias de su pésimo desempeño a cualquiera menos a sí mismos. Esta práctica ha pasado a una etapa de superación con la propuesta hecha por la asociación que reúne a los jueces federales.

En mayo de este año se realizó la “asamblea fundacional” de la Asociación de Jueces Federales (AJuFe) en el Salón Azul de la Facultad de Derecho (advierto que nuestra casa de estudios no se hace responsable por las acciones de dicha asociación). 

Imagínense, una institución indispensable para la vida democrática que estaba faltando en nuestra república. Créase o no, una de las primeras medidas de la AJuFe consistió en una propuesta para avanzar en las causas de corrupción... La propuesta no implica que todos ellos renunciarán a sus cargos, no se ilusionen, pues ellos, como de costumbre, no son responsables de nada negativo.




El diario Clarín informó que: 

Apenas unos días antes de la la manifestación contra la supuesta inacción judicial contra la corrupción, la flamante Asociación de Jueces Federales (Ajufe) firmó su primer pronunciamiento con una "propuesta par avanzar en causas de corrupción".

Los magistrados "declaran que es necesario avanzar en las causas donde se investigan casos de corrupción, identificando cuáles son los obstáculos y proponiendo soluciones concretas".

Según el diagnóstico de los jueces federales, ellos no tienen la culpa de nada:

La Ajufe cree necesario "fortalecer las instituciones" para poder luchar eficazmente contra la corrupción, y admite un consenso en que "existen enormes dificultades prácticas" que según los jueces obstaculizan su trabajo "cotidianamente". Entre los principales, destacan "la falta de recursos materiales y tecnológicos, la gran cantidad de juzgados vacantes y la demora en la designación de magistrados, así como también la ausencia de legislación actualizada que brinde herramientas rápidas y efectivas para combatir la corrupción".

Lo que nos queda claro es que tienen ganas de viajar (ver):

La recientemente creada agrupación de magistrados federales propuso "incentivar las relaciones bilaterales con otros Estados y organismos internacionales" y, en ese marco, pidió "tener en cuenta las experiencias en los países hermanos, como Brasil, España, Chile y México".


También han formulado sugerencias sobre reformas procesales a las que oportunamente se han resistido, sin ningún pudor. Entre ellas, “fortalecer el área de investigación, dotando al poder judicial de una agencia de investigación especial y una policía judicial, como existen en otros países”, dejando de lado que los jueces no deben investigar, sino  decidir. Sin embargo, no proponen ninguna transformación real que modernice nuestro modelo procesal napoleónico e instale un modelo acusatorio con una organización judicial horizontal. 

En la propuesta se hacen referencias a la elaboración de “políticas de Estado” en conjunto con otros órganos estatales para “luchar contra la corrupción”. Más allá de que la elaboración de ese tipo de políticas es una competencia ajena al poder judicial, no queremos ni imaginarnos las “políticas de Estado” que estos jueces pueden llegar a formular...

Sin embargo, poco se habla de la real intención que está detrás de esta iniciativa, que reúne a todos los jueces encargados de las causas de corrupción, que por supuesto, no se consideran para nada responsables de la impunidad que gozan quienes cometen estos delitos.


Conforme se informó en Infobae , en el primer discurso como titular de la nueva asociación, el juez Morán expresó su aspiración de que el fuero federal “pueda tener algún día las herramientas y los hombres para poder tener una Justicia que permita llegar a una República con la que soñamos”. Nos preguntamos si se trata de una promesa o de una amenaza...