22 mar. 2017

NECESITAMOS CONTENEDORES, NO JUECES





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¿Sabés por qué ningún funcionario público va en cana? Por culpa de los containers.

Sí, aunque vos no lo creas, es lo que algunos jueces federales alegan para justificar su inoperancia. La habilidad del poder judicial para adjudicar culpas por su propia actuación ha ingresado en un nuevo capítulo. Como nos informa Martín Angulo, pareciera que para los jueces, ahora la responsabilidad de la inoperancia se debe a la falta de containers... 

"Colapsados", así describieron los jueces de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Comodoro Py la situación que atraviesan. Lo hicieron en una nota que le enviaron el 10 de marzo a la presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci. Se trata de los tribunales donde están radicados los juicios orales por hechos de corrupción de funcionarios públicos, de narcotráfico y secuestros, entre otros casos de crimen organizado.

Tal como ha señalado Gustavo Arballo, ellos nunca tienen la culpa de nada: 

Hagan la siguiente prueba: pregunten a operadores del sistema de cualquier nivel cuáles son los problemas más acuciantes de la justicia.

Dirán cosas como éstas:

- Exceso de trabajo (cúmulo de tareas)

- Falta de recursos (personal, infraestructura)

y todo un espectro de variaciones sobre la autovictimización, que es una forma de la autocomplacencia.

Veamos ahora de quién es la culpa por la falta de condenas en hechos de corrupción:

Los jueces también señalaron que en otros aspectos los contenedores "no reúnen las condiciones mínimas". Cada uno tiene 28,80m3 –apenas 0,80 más que lugares que dejaron– y no cuentan con estantes para guardar la documentación, por lo que se están amurando repisas para cumplir esa función. También se encuentran sujetos a "la exposición directa a cualquier fenómeno climático (v.s. frío, calor, lluvia)". Hace pocos días se conoció que una caja de plástico se derritió por el calor. Además el predio ha sufrido inundaciones y es una zona en la que suelen verse ratas.

"Con la asignación que se realiza no será posible satisfacer las necesidades mínimas indispensables para cumplir con la delicada tarea que ejercemos", concluyeron los 17 jueces que firmaron la nota (de los 18 que integran los TOF), en la que también hicieron saber otras preocupaciones.

En la nota que se refiere al problema se dice que han pasado décadas “sin respuestas adecuadas y con parches”. Estamos absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Sin embargo, los deseos de los jueces son equivalentes, precisamente, a más parches.


Nada se dice, por ejemplo, sobre la “papelización” de la justicia, grave problema que, como se advierte, alcanza también a los tribunales que intervienen en la que debería ser una etapa oral del procedimiento penal.

Me gustaría hacer un experimento, aun manteniendo el anacrónico procedimiento vigente. Revisaría cualquier expediente y le quitaría:

1) todas las constancias que se repiten una y otra vez;

2) todo el papelerío referido a notificaciones;

3) pedidos de fotocopias, resoluciones que los conceden y constancias de que se retiraron;

4) todas las copias que genera la remisión de oficios (resolución, remisión del oficio, copia del oficio que viene en la respuesta, etc.);

5) y muchas cosas más que sobran dentro de una carpeta que debería contener, aun con este sistema, solo la información indispensable para comprender y tramitar el caso.

Con eso solo, creo que habría una reducción sustantiva de las carpetas que llamamos “cuerpos” y que pertenecen al mismo “expediente”. 

Más allá de ello, el problema no es la falta de espacio, el problema es un trámite procesal premoderno que exige amontonar papeles y más papeles sin sentido alguno, y que desnaturaliza la función judicial. Los jueces no se dedican a escuchar a las partes, a determinar cuáles son los hechos del caso percibiendo directamente la incorporación de la prueba y a resolver los conflictos que las partes plantean. No, no, no. Ellos son burócratas custodios del expediente que ellos mismos generan. Y en esta tarea, que nada tiene que ver con la función judicial, las partes solo molestan. En consecuencia, si las partes entorpecen el normal desarrollo del expediente, mejor olvidémonos de las partes.

¿Han escuchado alguna vez que los jueces reclamen por mejores condiciones de trabajo que les permitan atender adecuadamente a las partes? Yo tampoco. Ellos no creen que ése sea su trabajo.

Finalmente, según los jueces federales de los tribunales de juicio (17 de los 18), “con la asignación [de containers] que se realiza no será posible satisfacer las necesidades mínimas para cumplir con la delicada tarea que ejercemos”. Como de costumbre, a la hora de reclamar, nunca se olvidan de autoelogiarse, y de destacar lo “sagrado” de su tarea.


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18 mar. 2017

LA OMISIÓN DE SENTENCIA EN USHUAIA






El caso que me llevó a Ushuaia hace varios años (2013), finalmente, ha llegado a su último episodio. Para no defraudar a su público, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur —esta vez integrado por los jueces García Arpón, Pagano Zavalía y Bembihy Videla— ha ignorado una vez más el derecho vigente.

Aclaro, antes que nada, que yo renuncié a la defensa del Sr. Félix Donamaría luego de una audiencia  que se realizó el 7 de septiembre de 2015, en la cual el tribunal apretó a mi cliente para que aceptara la omisión de debate —que es el nombre más adecuado que en Tierra del Fuego denomina al juicio abreviado—.

La regla que organiza la omisión de debate es el artículo 324 del CPP Tierra del Fuego:

Omisión del debate
Artículo 324.- Cualquiera fuese la posición asumida por el imputado en orden a su culpabilidad, cuando el Ministerio Público Fiscal estime suficiente la imposición de una pena no mayor a tres (3) años de privación de libertad, de multa o de inhabilitación, aun en forma conjunta, dentro del plazo previsto por el artículo 323 podrá manifestar tal apreciación y proponer omitir el debate. La propuesta y su trámite no suspenderán el plazo referido en el primer párrafo del artículo precedente, a los fines allí contemplados. Si estuviese de acuerdo con ello la parte querellante, se conferirá vista al imputado quien, dentro de los cinco (5) días, podrá expresar al Tribunal su conformidad con la petición. Ratificada la manifestación en forma personal ante el Tribunal de juicio, por el imputado y su defensor, el proceso será llamado para resolver, dentro de los tres (3) días, si corresponde omitir el debate. Si el imputado actuase con asistencia  de la defensa pública, la ratificación deberá ser prestada con la intervención del Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, cuando el mismo hubiese delegado su actuación. Si el Tribunal de juicio también considerase innecesario el debate y adecuado el límite de la condena estimada por el Ministerio Público Fiscal, inmediatamente comenzará a deliberar hasta dictar sentencia. Dará a conocer ésta en audiencia pública, que tendrá lugar dentro de los tres (3) días de dictado el pronunciamiento.

El Tribunal podrá absolver o condenar, según corresponda, fundando su resolución en la prueba ya incorporada; pero la condena nunca podrá superar la pena mayor requerida por el agente fiscal o la parte querellante.

Rechazada la petición, la estimación sancionatoria expresada no constituirá limitación alguna a la cuantía de la pena que resulte procedente.

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de esta regla a alguno de ellos.

Como ya habíamos dicho, el 7 de septiembre de 2015 todos los imputados dieron su “conformidad” para omitir la realización del debate. Los jueces que integraron el tribunal fueron Pagano Zavalía, García Arpon y Guillermo Jorge González.

Terminada la audiencia, Pagano Zavalía anunció que se debían retirar para resolver la solicitud de omisión de debate.

Pues bien —y aquí entramos en el resbaladizo terreno del prevaricato fueguino—, estos tres señores parece que se olvidaron de que debían resolver este caso. Tanto se olvidaron que hasta se les fue del tribunal el juez Guillermo Jorge González antes de que se dignaran a recordar el caso que decidiría la suerte de, al menos, 15 imputados.

Repentinamente, el 24 de febrero de 2017, esto es, 18 meses y quince días más tarde de realizada la audiencia, García Arpón, Pagano Zavalía y Bembihy Videla han decidido “omitir el debate”. El mismo día “deliberaron” y dictaron sentencia, que en el caso del Sr. Félix Donamaría, resultó condenatoria.






Lo extraño —e ilegal— no es solo el “pequeño plazo” que se tomaron, sino, además, que Bembihy Videla resolvió lo discutido en una audiencia a la que no acudió. Si bien no debe confundirse el principio del juez natural con el de identidad física del juzgador, cuando se realiza una audiencia, sí rige la exigencia de identidad física del juzgador. Sin embargo, en el derecho fueguino no andan con esas pavadas, y da lo mismo quién acuda a la audiencia y quién resuelva, porque así lo consideran Pagano Zavalía y García Arpon. A estos dos jueces se les atribuye la frase: “se va a acabar el curro del Estado de derecho”.

Próximamente nos enteraremos cómo el Superior Tribunal rechaza los planteos de los defensores, justificando —otra vez— la grosera ilegalidad del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia.

Y lo terrible es que a nadie le parecerá escandaloso que los jueces se aparten de esta manera del derecho vigente que deben aplicar y hacer respetar. Ya no es un problema de interpretación, ni de plazos “ordenatorios”. Se ha dictado una resolución sobre la responsabilidad penal de 15 personas 18 meses y medio más tarde, y uno de los jueces no podía intervenir en la decisión porque no estuvo en la audiencia, y luego repartió penas para todos y todas sin haber visto jamás a los imputados.


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El texto legal es claro y exige que quienes estuvieron en la audiencia —no otros— resuelvan dentro de tres días si corresponde omitir el debate. En caso de que consideren admitir la omisión del debate, el tribunal inmediatamente comenzará a deliberar hasta dictar sentencia. Entre esos “tres días” e “inmediatamente”, el plazo es sustancialmente más breve que el año y medio y 15 días que se tomaron los jueces del Tribunal de Juicio de Ushuaia para resolver. Nada impediría, por otra parte, que se hubieran tomado veinte meses, o tres años, porque ellos hacen lo que les viene en gana, y nadie les exige que respeten el derecho vigente.