20 ene. 2016

EMERGENCIA Y SEGURIDAD. UN ESTILO DE VIDA










Otra vez juntas estas dos palabras que jamás neutralizan los peligros invocados para justificar la destrucción de las reglas y principios vigentes. No se puede desconocer que el Gobierno anunció hasta el hartazgo sus obsesiones definidas como cuestiones de “seguridad”. Sin embargo, el refrán “el que avisa no traiciona” podrá ser de amplia aplicación en el ámbito político, pero no tiene ningún efecto mágico en el ámbito jurídico que permita arrasar con principios elementales del Estado de derecho.

No se trata de algunos pocos “excesos” al dictar decretos de necesidad y urgencia. Se trata de un modelo de gestión de gobierno que pretende fundarse en supuestas expresiones de deseos del electorado. Es decir que las vagas e imprecisas propuestas de la campaña —como los problemas de “seguridad” y de la administración de justicia—, como se supone tienen un amplio apoyo del electorado, se transforman en fines que justifican cualquier medio. Esto se dice, en este sentido, en la página web de la Casa Rosada.





El presidente y sus funcionarios de confianza pretenden reformular las políticas públicas, transformando sustancialmente muchas leyes mediante DNUs, sin respetar límite alguno. No respeta límites políticos —v.gr., ley de medios— ni jurídicos, como sucede con este último decreto sobre la emergencia en la seguridad pública.

También arrasa con el sentido común, pues las medidas dictadas en el decreto no son medidas para una emergencia. Según el diccionario de la RAE, la palabra “emergencia” tiene dos entradas que interesan a estos fines:




Las medidas que el Gobierno ha mencionado en su página web no son medidas que busquen salir de una situación de apuro, peligro o desastre que exija acciones inmediatas. Por el contrario, se trata de medidas de largo plazo o de carácter permanente que, además, modifican leyes tales como la ley de seguridad interior, y que, entre otras cuestiones, persiguen prevenir y sancionar delitos como el fraude contra la administración pública (¿?).

La situación de emergencia fue declarada por DNU para regir un año, prorrogable por otro más, es decir, para la mitad del tiempo que dura el mandato presidencial. La duración de un año y su posible prórroga, y el carácter de las medidas que se regulan, por otra parte, dan la inequívoca señal de que lo que el decreto establece no se trata de una respuesta inmediata y excepcional a una situación de emergencia. Así, por ejemplo, se regula por decreto la posibilidad de maniobras “orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza” contra naves que se consideren “hostiles”. Son "hostiles" aquellas que tengan “entidad suficiente” para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño en el territorio nacional”. 

Las medidas contenidas en el decreto, además, ya han sido severamente cuestionadas tanto por su contenido, como también por el hecho de ser reguladas en un DNU. En una nota en Página/12, Paula Litvachky dijo:






La única situación de “emergencia” con consecuencias jurídicas que nuestra Constitución reconoce es el “estado de sitio”, no hay ninguna otra. La declaración, por parte del mismo poder ejecutivo sin ninguna exigencia ni control, de una “emergencia” que, supuestamente, le permite tomar cualquier tipo de medidas, independientemente de las reglas del orden jurídico, no debe ser válida. Tal declaración para autopermitirse lo que regularmente el derecho no admite debería ser tan válida como una declaración que yo hiciera ante escribano público que “disponga” que a mí no se me aplica el Código Penal. Así de racional es esta auto “declaración de emergencia”.

El Estado cuenta con todas las facultades que le asigna el ordenamiento jurídico para enfrentar fenómenos tales como las organizaciones delictivas, los delitos complejos y el tráfico de sustancias prohibidas. Estos fenómenos no nacieron la semana pasada. Si las tasas de comisión de dichos delitos han aumentado, los órganos estatales disponen de todas las medidas válidas con las que cuenta el derecho. Muchas de ellas ni siquiera se han intentado. Ello exige, muy a pesar de este gobierno, respetar los procedimientos y las instituciones constitucionales.







14 ene. 2016

IMPUGNACIÓN DEL CELS DE LOS JUECES EN COMISIÓN






El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó hoy sus observaciones sobre las designaciones en comisión de Rosatti y Rosenkranz a la Corte Suprema.

En su escrito, que se reproduce más abajo, se cuestiona, en primer término, la dudosa validez constitucional del procedimiento seguido por el presidente Macri y, a raíz de ello, la aceptación de ambos designados de tal procedimiento.

En la segunda parte de su escrito, además, el CELS cuestiona las opiniones de ambos en relación con diversos asuntos jurídicos, especialmente sobre el derecho internacional de los derechos humanos.


Aquí el escrito del organismo.









9 ene. 2016

UNA PROMESA MENOS







Transparencia, república, justicia independiente, narcotráfico, seguridad... Una a una, es muy triste que veamos cómo el gobierno de Macri incumple sus promesas de la campaña.

Pero esta vez se pasaron, es realmente vergonzoso. La vicepresidente, el presidente y la ministra de seguridad felicitándose a sí mismos por algo que no habían hecho y que, además, era falso.





El baticomando de Bullrich, sus dichos de que eran “tipos duros” cuando se les escaparon en una de las camionetas con la que se hizo el fallido operativo en el tambo, seguir calificando esta tragicómica saga como un operativo del narcotráfico...

Y todo esto para que debido a un bache en la ruta la policía provincial, con la ayuda de un baqueano y tres caballos, cayera uno solo de ellos mientras el presidente y demás funcionarios se alababan a sí mismos por un hecho en el cual no tuvieron participación alguna.


Si Vidal, Michetti, Bullrich, Macri y demás siguen afirmando que en este sainete el narcotráfico es uno de los protagonistas, existen dos opciones. Si lo dicen de mala fe, entonces nos están queriendo engañar a todos nosotros.

Si lo dicen de buena fe, entonces no tienen la menor idea sobre el narcotráfico contra el que pretenden luchar. Y eso es muy grave, ya que el combate contra el narcotráfico fue una de las promesas centrales de la campaña.



Logramos el objetivo en la lucha contra el narcotráfico”, aseguró hoy Bullrich, con la soberbia que la caracteriza. Más allá de que la policía provincial había detenido solo a uno de los Lanatta, ¿de esto se trata la “lucha contra el narcotráfico”? Ni agua tenían los durísimos narcotraficantes...

¿No les parece que los narcos tienen dinero y estructura suficientes como para lograr que los prófugos evadan a las inoperantes fuerzas de seguridad comandadas por la ministra?

¿No les parece una actitud bastante mezquina y despreciable que los altos funcionarios del ejecutivo se atribuyan un logro ajeno, sin siquiera reconocer el trabajo de quienes detuvieron a uno de los Lanatta?

Cuando comencé a redactar, solo había un detenido. Esperemos que no se les haya escapado de vuelta. Una vergüenza todo el “operativo” que se pretende utilizar para dar, al menos, una buena noticia. Un papelón.

Debemos agradecer a los policías santafesinos, que en una operación regular de prevención, de manera autónoma al baticomando, capturó a uno de los prófugos.

Y el gobierno nacional, antes de empezar a hablar, que agradezca a Vialidad santafesina por no haber arreglado ese bache que hoy se pretende vender como un éxito de sus autoridades en la lucha contra el narcotráfico.





Vergonzosas declaraciones de Patricia Bullrich




Algunos comentarios

1) Finalmente admitió que la afirmación de que habían detenido a los tres prófugos surgieron de Seguridad.

2) Sin embargo, inmediatamente pretendió descargarse en una supuesta conspiración que ellos “están investigando a fondo”. ¿Por qué no investigás dónde están los otros dos prófugos?

3) Además, qué delito es éste:

“... pudo haber significado darles tiempo a los otros dos para escaparse más lejos aún van a recibir las consecuencias penales que de alguna manera tuvo una cierta complicidad...”.

4) El “capturamos” sonó a muchos, ¿no creen? Aunque al menos esta vez mencionó a los santafecinos.


En twitter se pide a gritos la cabeza de Bullrich. A nuestro juicio, si tuviera un mínimo de dignidad, y cierto grado de compromiso con el proyecto del gobierno, lo mejor que podría hacer es renunciar.