te lo advertimos...

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14 ene. 2017

CHOCÓ, HUYÓ Y LO PESCARON...


Así quedó el VW Bora del juez Muñoz


El 24 de septiembre de 2016, en los alrededores de la ciudad de Neuquén, a las 18:30, el juez Marcelo Muñoz, a bordo de su VW Bora, chocó desde atrás al Renault Sandero conducido por un joven que iba acompañado por su novia, que debido al impacto terminó en la zanja de desagüe.

El juez Muñoz no se detuvo y huyó del lugar, conduciendo 2,5 kilómetros en dirección a su casa, hasta que su auto se detuvo por los daños sufridos. Allí fue abordado por la policía, a quien le dijo que había chocado con un árbol y que ya había llamado a la grúa. Posteriormente, se negó a realizarse el control de alcoholemia. Luego del choque, el juez se comunicó por su teléfono con funcionarios policiales y abogados, y también con la prensa.

El 1º de noviembre, el jurado de enjuiciamiento resolvió declarar admisible la apertura del proceso de destitución contra el juez por mal desempeño y lo apartó preventivamente de su cargo con la reducción del 50 % de su salario (ver). La destitución del juez fue solicitada por una asociación de familiares de víctimas de accidentes viales, por el gremio docente ATEN y por el ex diputado Ricardo Villar (Cambiemos) (ver). 

La comisión especial que recomendara el inicio del jury había concluido:
El informe accidentológico indica que el siniestro se produjo de día, con “buena visibilidad brindada por iluminación natural”, “calzadas compuestas de asfalto seco y en buen estado de uso y conservación” y no hace “mención de la presencia de fallas y/o desperfectos en el funcionamiento de los sistemas de seguridad de las unidades protagonistas (los autos) que hayan contribuido en el desenlace del hecho.”
“La conclusión a la que arriba el accidentólogo es que “salvo que se genere prueba en contrario”, la causa deriva de la acción llevada a cabo por el conductor del VW Bora (Muñoz)”, se señaló en la resolución. 

Leandro Córdoba, quien conducía el Renault que fue chocado, declaró a la prensa:

"No tengo palabras para calificar a esta persona, lo único que me queda es pelear para que se haga justicia. Este señor no tuvo compasión, nos dejó tirados como bolsas de basura, sin saber qué nos había pasado", expresó.

Y añadió: "Además de provocar el accidente por exceso de velocidad se dio a la fuga, y después de que lo agarraron se negó a hacerse el test de alcoholemia y tiene el descaro de decir que no sabía lo que había pasado". 

Muñoz, por su parte, alega que en caso de probarse, los hechos denunciados no serían causal de remoción, que ocurrieron con total falta de culpabilidad, que se trata de un incidente de tránsito fuera del horario laboral, y que tienen una explicación médica que aún no tuvo oportunidad de probar (ver). 

La opinión del fiscal que interviene en el jury:


Gerez marcó “si cualquier persona hubiera merecido la repulsa social que se manifestó y continúa manifestándose con respecto al “juez que chocó, huyó y se negó a hacer el test de alcoholemia” (tal como es conocido por la opinión pública), cuanto mayor debe ser el rechazo cuando se trata de alguien que debe mantener una “buena conducta” para conservar la alta dignidad con la cual ha sido investido por los representantes del Pueblo —con todas las responsabilidades, no privilegios, que conlleva—. Máxime si, aunque precisa y cierta, la descripción con la que se nombra al Dr. Muñoz en la prensa no termina de abarcar la gravedad de su conducta, que además incluye el desprecio por las víctimas y el recurso a la mentira como artilugio para encubrir su responsabilidad y procurarse impunidad.”

Muñoz evidenció “un comportamiento totalmente incompatible con el de una persona que sufrió un accidente isquémico transitorio. Ciertamente, condujo un vehículo hasta que el mismo se detuvo por un recorrido difícil de realizar; estuvo en todo momento orientado en tiempo y espacio; tenía plena conciencia de lo sucedido; realizó llamados telefónicos a las personas indicadas; intentó desde un principio controlar la situación para que la misma no tomara trascendencia; y ensayó distintas coartadas mentirosas con el objeto de eximirse de responsabilidad”.




Desagüe donde terminó el Renault chocado


¿Reincidente?

El 1º de mayo de 2014 el juez Muñoz ya había tenido otro accidente. Mientras circulaba por una ruta aún no habilitada y, por lo tanto, sin cobertura del seguro, pasó por encima una rotonda y destruyó todo el tren delantero de su auto. Con la complicidad del jefe de policía, Muñoz se las arregló para que no se asentara el accidente, y luego declaró ante la compañía de seguros que el accidente había ocurrido en otra ruta, y así logró cobrarle a la empresa aseguradora Zurich el dinero con el que se compró el Bora gris cero kilómetro con el cual el 24 de septiembre de 2016 chocó al Renault Sandero (ver).

A raíz de la publicación de esa noticia, en diciembre de 2016 se abrió una investigación por la posible defraudación a la aseguradora y, además, por peculado, ya que además de borrar los registros, el jefe de policía le habría prestado un auto al juez que se había quedado a pie (ver). 

Las tres versiones de Muñoz

El juez Muñoz informó a la policía —en el lugar en el cual quedó detenido su auto tras el choque— que él había chocado contra un árbol.

Luego informó a la prensa que se debía haber quedado dormido por estar muy cansado luego de una extensa jornada de trabajo:

Venía de una larga jornada de trabajo y me quedé dormido. Sentí el golpe, pero no advertí lo que había pasado, por lo que continué manejando hasta que me detuvo la Policía y me contó (ver).

Por último, en el marco de su defensa en el proceso de faltas y ante el jurado de enjuiciamiento, introdujo una tercera versión de los hechos: había sufrido, en el momento del hecho, un accidente isquémico transitorio.



En el juzgado de faltas, el juez Muñoz ya ha sido condenado a la multa de $ 28.000 y ha sido inhabilitado para conducir por dos años.

El 26 de enero comenzarán las audiencias ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que determinará si Muñoz debe ser destituido. El 26, 27, 30 y 31 de enero, y el 1º de febrero serán las audiencias de prueba. El 3 de febrero se dedicará a los alegatos finales de ambas partes, y la sentencia debe ser dictada en los siguientes 15 días según la ley.




El acusado: Marcelo Germán Rubén Muñoz, Juez de garantías del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén.


El acusador: José Ignacio Gerez, Fiscal general.


Los defensores: Juan Coto y Joaquín Imaz.

Los miembros del jurado: Evaldo Darío Moya, Ricardo Tomás Kohon y Alfredo Elosu Larumbe (miembros del Superior tribunal); María Laura du Plessis y Guillermo Carnaghi (diputados provinciales); y Carlos Fazzolari y Luis Arellano (abogados de la matrícula).

La acusación: Marcelo Muñoz conducía su VW Bora y a las 18:30 del 24 de septiembre de 2016 chocó en la parte trasera a un Renault Sandero con dos personas. Como consecuencia del choque, el Renault terminó en el desagüe. Muñoz no se detuvo y con los airbags activados y la parte delantera dañada, avanzó 2 kms. más, hasta que su auto se detuvo. En ningún momento prestó asistencia a las víctimas. Allí fue interrogado por la policía, a quien informó que había chocado contra un árbol, que ya había llamado a la grúa y que él estaba bien. Cuando se presentaron los de Tránsito se negó a realizarse el test de alcoholemia. Hasta aquí el contenido de la acusación en el capítulo “II. Hechos”.


En el capítulo siguiente, “III. Fundamentos”, se mencionan hechos adicionales. Se afirma, en este sentido, que el choque se debió al manejo imprudente y temerario de Muñoz, quien huyó deliberadamente del lugar. Posteriormente, Muñoz intentó ocultar lo sucedido. Había estado en un almuerzo académico donde bebió alcohol, por lo que se puede presumir que al momento del choque conducía bajo los efectos del alcohol. Mientras conducía y con posterioridad, Muñoz conservaba la facultad de tomar decisiones. Ello pues: a) antes del choque frenó y maniobró para intentar esquivar al Renault; b) condujo 2,5 kms desde el lugar del choque hasta que su auto se detuvo por desperfectos mecánicos, por un camino con curvas pronunciadas que exigen el uso de facultades mentales superiores; y c) estuvo hasta las 20 realizando llamadas y enviando mensajes por su teléfono móvil, y se comunicó con abogados especialistas en accidentes viales y funcionarios policiales de alta jerarquía.



En el blog Fuera del expediente hay una excelente cobertura del caso.

27 dic. 2016

TODOS LOS JUECES SON DECOROSOS




Dedicado a Leticia Lorenzo

¿Qué es el decoro? La primera acepción de la palabra “decoro” en el diccionario de la RAE es “honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad”. Es decir, es una pauta normativa de comportamiento en el trato de las personas.

La segunda acepción es “circunspección, gravedad”. El problema es que el término “circunspección” es definido como “seriedad, decoro y gravedad en acciones y palabras”. Y el término “grave”, a su vez, significa “que se distingue por su circunspección, decoro y nobleza”. Todo muy circular...

Podemos estar de acuerdo, sin embargo, en que es un criterio normativo sobre el comportamiento esperado en las relaciones sociales. Estará condicionado, entonces, por las cualidades que revisten las personas que se relacionan y, fundamentalmente, por la situación concreta en que se hallan. Por supuesto, el contexto cultural, social y político determinará en qué situaciones se espera de los habitantes ciertos comportamientos cuando se trata de la interactuación habitantes/jueces.

Veamos cómo se utiliza el término cuando se trata de jueces y cuando se trata de seres humanos.




Las diferencias son notables. El apelante debe tratar al juez con el “decoro” que corresponde a “su clase”, esto es, a su calidad de juez. Es decir que los jueces pertenecerían a una “clase” diferente que merece un trato especial. El apelante ni siquiera puede decirle que “juzgó mal”, lo que, en sí mismo, genera un grave problema. ¿Cómo justificar que se desea recurrir la resolución si ésta se considera correcta? En caso de “osadía”, la multa de diez maravedís. El juez, en cambio, solo debe abstenerse de injuriar y de maltratar. Y su incumplimiento no es una “osadía”. Así, el apelante tiene un deber positivo de tratar al juez como alguien que pertenece a una clase especial y, por otro lado, el deber negativo de abstenerse de injuriarlo o de decirle que su decisión es incorrecta. El juez, en cambio, solo tiene el deber negativo de no injuriarlo o maltratarlo. Un gran desequilibrio en sus relaciones...

Todo esto resulta comprensible pues el texto citado corresponde a un libro español publicado en 1838[1]. Y aquí viene el gran problema. La primera acepción del término, en la actualidad, no puede exigir “reverencias” por el “nacimiento” o por la “dignidad” de las personas, en el sentido de que algunas personas sean más dignas que otras. Tal interpretación de término “decoro” podrá ser propio de los tiempos de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, pero no puede ser el sentido del término en el siglo XXI y en un país republicano.

El gran problema que sufrimos los habitantes es resultado de la apropiación del sentido del término por parte de los jueces. Los jueces utilizan el término “decoro” y otros términos similares para establecer un estatus privilegiado para sí mismos que los coloca por encima de las demás personas. Así, aprovechan la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta de términos tales como “decoro”, “bonhomía”, “pundonor”, “delicadeza” o “ecuanimidad”, entre otros, para construir sus privilegios y establecer nuestros deberes.

Veamos el ejemplo en la elegante prosa de un caso judicial de Santiago del Estero:

La norma de forma mencionada adopta una fórmula flexible, que autoriza al Juez a separarse de la causa cuando medien motivaciones graves de orden subjetivo que creen situaciones molestas o difíciles que puedan pesar sobre su conciencia al momento de decidir, las cuales es de mi estima que superan las vallas de “exceso de suceptibilidad”, ya que se encuentran debidamente justificadas; Desde ésta perspectiva ha de señalarse que no corresponde aplicar estrictamente las normas que regulan la recusación con causa a los supuestos de excusaciön, las que deben ser apreciadas con mayor amplitud de criterio a fin de hacer honor a los escrúpulos siempre respetables de los magistrados, que deben presumirse sinceros, de manera tal que los motivos de excusación son más amplios e imprecisos que los de recusación y cubren ciertos casos de violencia moral, que sólo el Juez sabe en que medida pesan sobre su conciencia (cf CNCivil, Sala C, 264355 “Sena Adalberto Claudio C/ Policía Federal Argentina S/ Daños y Perjuicios”, 9-3-99) Por lo tanto tal estado es de apreciación personal y lo que es motivo para configurarlo, a juicio de un juez, puede no serlo para otro en idéntica situación, correspondiendo declarar admisible las excusaciones, sino puede afirmarse con certeza que sólo media exceso de suceptibilidad o de mera delicadeza; lo que fuera descartado en las consideraciones supra; debiendo tenerse presente que “motivos graves de decoro y delicadeza” abarca (el decoro), no sólo el honor, sino también el respeto, la reverencia el recato y la estimación”...

Se trata de un caso de excusación de los jueces por “violencia moral” por razones de delicadeza y decoro. Es una causal que los jueces utilizan en su beneficio, esté o no regulada en el código procesal. Las “razones de delicadeza y decoro” son invocadas para establecer una diferencia entre los deseos de los jueces y de las partes.

Cuando el apartamiento es solicitado por el juez por motivos de “decoro”, las causales se interpretan con mayor amplitud de criterio. ¿Por qué razón? Porque se debe “hacer honor a los escrúpulos siempre respetables de los magistrados, que deben presumirse sinceros...”, y porque “sólo el Juez sabe en qué medida pesan sobre su conciencia”.

Es decir que lo relevante no sería la única razón que justifican las causales de apartamiento, que es la de asegurar la intervención de un juez imparcial en el caso concreto. Lo relevante sería el “decoro”, “honor”, la “delicadeza”, el “recato”, la ¡¡¡“reverencia”!!! De esta manera, se distingue, entre las causales de recusación, las comunes, que constituyen un deber, y la causal referida al “decoro” de sus señorías, que sería “un derecho del juez”.

Es cierto que es el juez (así, con minúscula) quien sabe “en qué medida pesan sobre su conciencia” los motivos por los cuales solicita su propio apartamiento. Sin embargo, no se utiliza el mismo criterio cuando se trata de una recusación fundada adecuadamente por una de las partes en un temor razonable de parcialidad del juzgador. En esos casos, a los jueces no les interesa en lo más mínimo el sentimiento de temor de la parte que presenta la recusación, a pesar de que es ese mismo sentimiento, precisamente, el que el objeto de la garantía de imparcialidad debe evitar que la parte sienta.

Veamos ahora un ejemplo que utiliza el viejo truco de la fórmula “si bien es cierto... también es cierto...” para negar la primera certeza.


El fallo citado infiere del hecho de que un juez se excusó por considerar que no podrá actuar imparcialmente, la prueba de lo contrario... que actuará imparcialmente. ¿Cómo es posible fundar semejante afirmación? A través de una ficción, es decir, se parte de un presupuesto que no se discute. Se presume, a pesar de la prueba en contrario, que “la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles” los colocan más allá de la actuación parcial. Así, se deriva de las que se consideran exigencias normativas de su función una afirmación sobre hechos. Algo así como “será imparcial porque debe serlo”. Esas exigencias, entonces, le permitirán cumplir con sus funciones y defender “su propio decoro”, porque sí, no se sabe por qué...

No es posible afirmar, actualmente, que frente a la solicitud de apartamiento realizada por una de las partes el juez deba salir “en defensa de su propio decoro”. En primer término, pues la gran mayoría de las causales de recusación no se refieren a la actuación incorrecta del juez, sino que se considera que dadas ciertas circunstancias, es posible que la actuación del juez no sea imparcial (si es pariente, o fue denunciante, o hubiera sido denunciado). Y ello porque no se trata de que sea un mal juez, sino porque, en esas circunstancias, cualquier persona podría ver afectada su imparcialidad. Y los jueces, aunque ellos se sientan inmunes a todo por capas de “decoro” y “magistratura”, son seres humanos como cualquier otro. Por otro lado, además, pues no es la función del juez enfrentarse a la parte que ha solicitado su apartamiento —sea cual fuere el motivo— en actitud defensiva de su “decoro”. Si se coloca en esa situación, en ese preciso momento deja de actuar como juez y comienza a actuar como una parte.

El único fundamento de las recusaciones y excusaciones consiste en garantizar la imparcialidad del juzgador en el caso concreto. Por ello, en el momento en que el juez sepa que existe una situación capaz de alterar su estado de ánimo y, en consecuencia, su posibilidad de actuar imparcialmente, surge para él el deber de apartarse. No se trata de un derecho cuyo ejercicio el juez pueda resignar o aplicar solo cuando lo crea conveniente. Si cree de buena fe que su ánimo se podrá ver afectado —por el motivo que sea—, debe apartarse por imperativo legal. Y debe hacerlo para que no se afecte su imparcialidad, condición a la cual la parte tiene un derecho absoluto[2]. No se trata de su “decoro” o de algún otro concepto similar. No se puede ignorar que lo que se discute, esencialmente, en una recusación o excusación, es el derecho de la parte a un juzgador imparcial en el caso concreto. La susceptibilidad de los jueces por su honor o por su “decoro”, en este contexto, solo puede ser una cuestión accesoria.

En el contexto de un Estado republicano de derecho del siglo XXI, el “decoro” solo puede significar deberes para el juez y, desde ya, no puede ser entendido como una fuente de exigencias de tratamiento especial a la persona del juez. El respeto que le debemos a los jueces es el mismo respeto que le debemos a cualquier otra persona. No se trata de funcionarios de la corte de Luis XIV, se trata de agentes públicos que cumplen una función guiada por su estricto apego al derecho. No se trata de que se nos exija actuar como súbditos, se trata de recibir un trato digno por parte de un agente del Estado.

A modo de ejemplo. Días atrás, en Neuquén, el juez penal Marcelo Muñoz con su propio auto embistió el auto en el que circulaba una pareja, que terminaron en la zanja de un desagüe. El juez, que había bebido alcohol y conducía a mayor velocidad que la permitida, huyó del lugar y fue detenido 2 kilómetros más adelante. Se rehusó a hacer el test de alcoholemia y dijo que creía que había chocado con un árbol. (ver nota) ¿Y qué tiene que ver esto con el “decoro”? Que parece que en los pasillos de los tribunales neuquinos hay muchos jueces que criticaron al fiscal que lo acusa en el caso por su “falta de decoro” debido a la mediatización del caso... Sí, como leyeron, el “indecoroso” es el fiscal, y no es el juez que chocó, huyó y lo pescaron.

Éste es un buen ejemplo de cómo se utiliza el término para otorgar un estatus especial a los jueces. ¿Por qué motivo el fiscal del caso debe dar un tratamiento diferente al juez Muñoz? ¿Por qué les molesta la difusión pública de los detalles del caso? La molestia es, seguramente, porque esa exposición pública permite el control ciudadano de la actuación de los miembros del poder judicial y Muñoz no sale muy bien parado. Esos mismos jueces que atribuyen “falta de decoro” al fiscal Geréz, ¿califican del mismo modo la publicidad de cualquier otro caso?

Como siempre, quienes se quejan de que no se ha cumplido con las reglas de “decoro” debido a los jueces son... los propios jueces. La verdad es que, la práctica, además de antirrepublicana, resulta bastante patética. Los únicos que acostumbran a hablar de la “integridad de espíritu”, de la “elevada conciencia de su misión”, y del “sentido de responsabilidad que es dable exigirles”, son los propios jueces cuando se construyen a sí mismos como funcionarios siempre “decorosos”. Parecen ser inmunes a la crítica que reciben de las personas que sufren el servicio de justicia, y siguen hablando de un poder judicial fundado en ficciones, tan rígidas como alejadas de la realidad.

El poder que se les da a los jueces en la vida política exige un gran compromiso para hacer respetar las reglas del juego democrático. No se les entrega ese poder para que tengan ascensores y estacionamiento propios, ni para que se construyan como titulares de privilegios y merecedores de un trato “decoroso” que se asemeja a la de funcionarios del rey. El reconocimiento que su trabajo merece consiste, esencialmente, en las funciones que deben desempeñar al hacer ese trabajo en el marco de un Estado republicano de derecho.

El respeto que les debemos no es el que ellos creen merecer, es solo el mismo respeto que les debemos a las demás personas. Todo lo que esté por encima de eso no puede surgir de sus propias decisiones, es algo que, en todo caso, se gana con su trabajo cotidiano, que debe estar siempre orientado a la satisfacción de los derechos e intereses de todas las personas, es decir, a darnos el trato digno e igualitario que todos nosotros merecemos y con el cual ellos deben cumplir.




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[1] Joaquín Escriche (abogado de los Tribunales del Reino), Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos, tomo primero, 1838.
[2] El órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité, ha dicho: “... El requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna (Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General Nº 32, 2007, párr. 19). En similar sentido, pero con distintos fundamentos, la posición de Julio B. J. Maier respecto de la competencia, independencia e imparcialidad del tribunal como presupuestos procesales. Ver su Derecho procesal penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, t. II, ps. 73 y ss., especialmente ps. 117 a 121.






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