te lo advertimos...

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18/7/2014

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA (BY PAGANO ZAVALÍA Y GARCÍA ARPÓN)









I
Recordemos que el Superior Tribunal de Justicia fueguino, en la causa “Velázquez”, había modificado la calificación del hecho por el cual se consideró al imputado penalmente responsable, de homicidio doloso a homicidio preterintencional. Y resolvió reenviar al Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego para que determinen la pena aplicable al caso concreto.  

Decíamos hace un par de días, antes de haber tenido el placer de leer la sentencia perpetrada por Pagano Zavalía y García Arpón, que resultaba imposible justificar la pena de cinco años de reclusión impuesta a Velázquez. Y ahora lo hemos comprobado personalmente. No queremos que nuestros lectores se pierdan esta pieza jurídica de singular maestría que revoluciona la teoría de la determinación judicial de la pena.

El voto de Pagano Zavalía comienza poniendo en claro que aplicará los mismos criterios que utilizara para imponer la pena del homicidio doloso por el cual Velázquez fue condenado (por los mismos jueces) a doce años de prisión por homicidio doloso simple. Esta aclaración está de más, pues según afirma el mismo vocal, se trata de los criterios establecidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal, que obliga a los jueces, razón por la cual no comprendemos por qué se aclara que aplicarán el derecho vigente. ¿Será que regularmente no aplica el derecho vigente? Les dejo la inquietud…

En este gráfico podemos ver cómo la pena de doce años de prisión por homicidio doloso se transformó en cinco años años de ¡reclusión! aplicando los "mismos" criterios para determinar la pena en el caso concreto. Las columnas representan 5 años (de 1 año a 3 años de prisión, o de 3 a 6  años de reclusión) y 17 años (de 8 a 25 años), respectivamente. La parte inferior de cada columna representa la cantidad de años que se sumó a la pena mínima al dictar sentencia, y la parte superior la cantidad de años entre la pena impuesta y la pena máxima de la escala prevista legalmente.


El resultado llama un poco la atención, ¿no les parece?




II

Transcribiremos dos de los “argumentos” dados por Pagano Zavalía para aplicar una pena desmesurada.


El primero de ellos fue un argumento del Fiscal Mayor Massimi, y claramente apunta a disminuir sus obligaciones laborales. Lo que se está exigiendo es que “Velázquez” si es que es realmente culpable, confiese ante los médicos y le ahorre trabajo al acusador público.

De ese modo, Massimi se ahorraba esa molesta obligación de trabajar que el Estado se empeña en exigirle. ¿Qué pretenden? ¿Que este señor deba trabajar de modo responsable por el mísero sueldo que percibe? … Todos sabemos el ahorro para los contribuyentes que significa un imputado confeso, así que dejen descansar tranquilo al Sr. Fiscal Mayor.

Pero el aporte final de Pagano Zavalía no tiene desperdicio. En este sentido, el juez le pasó factura al imputado porque tenía —según su criterio— una actitud contestataria durante el juicio.

Advierto al lector que las prácticas del Tribunal de Juicio de Ushuaia no son monárquicas, son directamente imperiales. En los juicios, Pagano Zavalía se dirige a los gritos a los abogados defensores que pretenden defender a los imputados.

En uno de los juicios en donde se acusaba a mi defendido, en el que yo no participé, se dirigía de esa manera a imputados y defensores, cada vez que mencionaban un tema o formulaban una pregunta que a él le molestaba personalmente.

Así, por ejemplo, interrumpió el interrogatorio de los defensores que estaba demostrando que el perito contable Pedemonte, quien cumplía órdenes para garantizar la impunidad de los poderosos, no podía justificar por qué se redujo la muestra a investigar a los últimos seis meses de la gestión de Manfredotti, cuando la denuncia era por toda la gestión. ¿Y cómo justificó Pagano Zavalía su decisión de proteger al peritrucho interrumpiendo el interrogatorio?

—Bueno, después de todo él es un perito, no es un experto.

En otro momento de ese juicio, bastó con que uno de los defensores mencionara las transacciones por importes muchísimo mayores que las "descubiertas" por el perito, realizadas con un proveedor de la Provincia rico y poderoso, para que Pagano Zavalía reaccionara como un abogado defensor, haciendo callar a los gritos a quien formulaba la pregunta.

Hecha la advertencia, creo que debemos recordarle a Pagano Zavalía y a García Arpón que el objeto del juicio penal consiste en determinar la eventual responsabilidad del imputado por el hecho que se le atribuye. Si el imputado “se portó mal” durante el debate no es ni puede ser objeto del reproche penal.

El hecho de que la conducta de imputados y defensores durante el juicio les “moleste” puede ser tratado, si corresponde, con las facultades disciplinarias del presidente del debate, y de manera respetuosa, no a los gritos. Pero si la actitud del imputado le cae mal a título personal, no le puede cargar años adicionales de pena privativa de libertad, abusando de su poder, y es su deber jurídico excusarse, apartarse del caso.

Ambos jueces lo saben, y esto es mucho más que preocupante. Y si no lo saben, es igualmente preocupante. Y más preocupante aún es el hecho de que los miembros del [No Tan] Superior Tribunal de Justicia consientan este actuar prepotente de los miembros del Tribunal de Juicio.



17/7/2014

UNA SENTENCIA PREPOTENTE DEL TRIBUNAL DE JUICIO DE USHUAIA





El 10/7/2014 el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dictó sentencia en el caso del Sr. Luis del Valle Velázquez, a raíz de la resolución dictada por el Superior Tribunal de Justicia fueguino.
I. La decisión del Tribunal de Juicio es inválida

El Superior Tribunal no resolvió la cuestión de la determinación de las penas, y reenvió a la sede del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur. Pero esto no es nada. Pagano Zavalía dice que “es evidente por la remisión inmediata… que ese Alto Cuerpo consideró que debía expedirse este Tribunal aún cuando no se encontrara firme su Sentencia”.

No se a Uds. pero a mí no me parece nada evidente. Si aceptamos los dichos de Pagano Zavalía, la defensa debe presentar un recurso extraordinario federal contra la resolución del Superior Tribunal, pues de no presentarlo, los jueces dirán que ha consentido esa más que extraña interpretación que han hecho. Y, además, debería recurrir la sentencia del Tribunal de Juicio, pues de no presentarlo, los jueces dirán que ha consentido.

Esa situación, en sí misma, pone de manifiesto que no fue eso lo que ordenó el Superior Tribunal. Y aun si hubiera sido eso, tal decisión sería claramente inválida por las mismas razones.

II. Las penas
                      
En el voto de Pagano Zavalía se dice claramente:

Por el contrario, conforme lo hice en aquella oportunidad [la sentencia del juicio que fue impugnada], resalto la misma multiplicidad de agravantes.

Esta afirmación pone en evidencia la arbitrariedad con que actuó el Tribunal de Juicio.

El Tribunal de Juicio fijó en su sentencia original por homicidio doloso una pena de doce años de prisión de la escala de entre ocho y veinticinco años prevista en el artículo 79 del Código Penal. Entre el mínimo y el máximo de dicha pena hay 17 años de diferencia.

Partiendo desde el mínimo de la escala, la condena impuesta solo agregó cuatro años al mínimo, es decir, solo un 24 % de esa diferencia entre mínimo y máximo.

Ahora bien, si vemos lo que el Tribunal de Juicio perpetró en la sentencia dictada en tiempo record con la finalidad de que existiera una pena impuesta a cumplir, para evitar la concesión de la libertad, podremos comprender las consecuencias de esta aplicación de la teoría paganozavaliesca/garcíaarponiana.

El marco de la escala penal del homicidio preteritencional es de uno a tres años de prisión, o de tres a seis años de reclusión. Es decir que entre el mínimo y el máximo de la pena aplicable solo hay cinco años.

En esta ocasión, partiendo del mínimo (un año) el tribunal agregó cuatro años a la pena impuesta. Pero esos cuatro años agregados esta vez han representado un 83 % de la diferencia entre el mínimo y el máximo.


Pero la irracionalidad va más allá aún de esta grosera diferencia entre 24 % y 83 %. A ello se suma un hecho esencial. El hecho de que la aplicación de la pena de prisión hubiera permitido una condena condicional y, por tanto, la libertad inmediata del imputado.               

Y no podemos dejar de lado los dichos del propio Pagano Zavalía, que confesó que había considerado las mismas agravantes para determinar la nueva pena. En la próxima entrega analizaremos cuáles fueron las “circunstancias” que justificaron la nueva determinación de la pena a imponer.


CONTINUARÁ…






16/7/2014

EN USHUAIA, TRIBUNAL DE JUICIO MATA A SUPERIOR TRIBUNAL (PERO YO EXAGERO)




Dicen por ahí que el presidente del [No Tan] Superior Tribunal de Justicia fueguino considera, de acuerdo con el sabio criterio de sus relatores, que yo soy un exagerado y que estoy equivocado cuando impugno las sentencias del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur (el único tribunal de juicio en Ushuaia).

Así, por ejemplo, hace unos días confirmó la sentencia condenatoria de quien fuera condenado por el tribunal de juicio por firmar un documento contable luego de haber soportado diez años de proceso y sin que jamás se le haya permitido ver ese documento. ¿Por qué? Porque el tribunal consideró que si el documento habría de servir de fundamento de la sentencia, ni el imputado ni su defensa podían acceder a él, a menos que el imputado prestara declaración en el juicio. Sí, así como lo escribí está bien, no me equivoqué:





¿Dónde se ha visto semejante desfachatez? ¿Qué es eso de que el defensor pretenda tener acceso a los medios de prueba que dan sustento a la acusación y que, además, serán valorados para resolver el caso? Bueno, pero no es de ese tema del que aquí queremos tratar.

El caso que nos ocupa es otro. El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó al ex legislador Luis del Valle Velázquez a doce años de prisión por el homicidio con dolo eventual de un niño de siete meses el 14 de junio de 2013 (art. 79, Código Penal).

El Superior Tribunal de Justicia, integrado por los jueces Sagastume, Muchnik y Battaini, modificaron la calificación jurídica a homicidio preterintencional (art. 81.b, Código Penal), y remitieron al Tribunal de Juicio para que determinara la pena a aplicar en el caso.

¿Y entonces qué pasó?

Pasó que, como de costumbre, el Tribunal de Juicio hizo lo que le vino en gana y mucho no le importó la opinión del [No Tan] Superior. Antes de que la resolución del Superior Tribunal adquiriera firmeza, y sin permitir la intervención de las partes, impuso la pena de cinco años de reclusión. Como si eso fuera poco, rechazó una solicitud de excarcelación in limine.

Lo grandioso es que de este modo, el Tribunal de Juicio pudo mantener al imputado privado de su libertad al haber aplicado una pena de cumplimiento efectivo. Si no hubiera resuelto sobre la pena —y teniendo en cuenta que la calificación de homicidio preterintencional no exige una pena de cumplimiento efectivo—, no se podría haber encarcelado preventivamente al imputado, pues el fundamento de su detención cautelar fue el hecho de que en junio de 2013 el Tribunal de Juicio había impuesto una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo (doce años de prisión).

De manera evidente, el Tribunal de Juicio no estuvo de acuerdo con la resolución del Superior. Y como no estuvo de acuerdo, se tomó el asunto como algo personal. Mejor dicho, los jueces Pagano Zavalía y García Arpón se tomaron el asunto como algo personal y utilizaron la operación de individualizar la pena aplicable al caso para tomarse revancha. Mientras tanto, la garantía de imparcialidad —garantía que ninguno de los dos jueces tiene el gusto de conocer— fue sacada a empujones de la sala de audiencias por la conducta prepotente de los dos jueces.

Por favor que alguien me explique cómo hicieron Pagano Zavalía y García Arpón para pasar de individualizar una pena de doce años de prisión ante una escala de entre ocho y veinticinco años de reclusión o prisión, a una pena de cinco años de reclusión ante una escala de reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años. La única explicación posible es que si aplicaban prisión, debían aplicar condena condicional, y por eso saltaron a la reclusión por cinco años. Si esto no es un acto de rebelión ante el [No Tan] Superior Tribunal, entonces no sé qué es.

En los próximos días veremos qué sucede a continuación. ¿Qué hará ahora el [No Tan] Superior Tribunal de Justicia?


Continuará…

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